Análisis | Mesa de Redacción
Una política de cuidados no puede evaluarse únicamente por el número de anuncios o instalaciones inauguradas. La pregunta social relevante es quién recupera tiempo, en qué condiciones y con qué calidad de atención. La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2024 ofrece un punto de partida, no una respuesta automática.
El INEGI publicó esos resultados el 28 de agosto de 2025. Para la población de 12 años y más en México, reportó un promedio semanal de 39.7 horas de trabajo no remunerado doméstico, de cuidados y voluntario entre mujeres, frente a 18.2 entre hombres. Son datos de 2024, no una medición nueva de 2026.
La diferencia aritmética es de 21.5 horas semanales. Se expresa en horas, no en puntos porcentuales. Tampoco significa que cada mujer enfrente exactamente esa carga: los promedios resumen situaciones diversas. Esa precisión evita convertir una desigualdad observada a escala nacional en una descripción idéntica de todos los hogares.
La lectura política comienza donde termina la cifra. Una distribución desigual del tiempo plantea preguntas sobre oportunidades para estudiar, trabajar, descansar o participar en asuntos públicos. Sin embargo, la encuesta por sí sola no identifica cuánto cambiaría cada resultado si se abriera un servicio determinado. Esa sería otra evaluación, con otro diseño.
Por eso, proponemos distinguir cobertura de utilidad. Un centro cercano puede resultar poco accesible si sus horarios no coinciden con las jornadas de quienes lo necesitan. Contar espacios disponibles sin examinar distancias, requisitos y continuidad permite mostrar actividad administrativa, pero ofrece una imagen incompleta de su efecto cotidiano.
También conviene separar redistribución de simple traslado. Una intervención debería examinar quién asume el trabajo liberado y bajo qué condiciones. Reducir tareas dentro de un hogar a costa de servicios inestables o empleo precario no resolvería necesariamente el problema social; podría desplazarlo hacia personas con menos capacidad de negociación.
El diseño de evaluación tendría que incluir a quienes reciben cuidados, no sólo a quienes los proporcionan. La autonomía, la calidad y la seguridad de la atención son dimensiones propias. Un programa no debería declararse exitoso únicamente porque disminuya horas familiares si ese cambio compromete necesidades de las personas atendidas.
Hay además una contraevidencia que una evaluación honesta debe buscar: hogares que no utilizan los servicios, zonas donde la oferta permanece insuficiente y personas cuya carga no cambia. Esos casos no prueban por sí solos que toda intervención fracase. Sí permiten preguntar si sus reglas excluyen precisamente a quienes enfrentan mayores obstáculos.
La agenda razonable consiste en fijar objetivos verificables y observar resultados antes de atribuirse una transformación. El dato nacional ayuda a dimensionar el problema; la evaluación local debe explicar mecanismos y diferencias. Medir los cuidados es indispensable, pero repartirlos mejor exige decisiones públicas cuya eficacia todavía debe demostrarse, servicio por servicio.
Ilustración generada con IA; no es una fotografía documental.
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